El Gobierno de Nuevo León, en colaboración con algunos medios de comunicación, anunció que el río Santa Catarina ha sido designado como Área Natural Protegida (ANP).
No obstante, el documento publicado en el Periódico Oficial corresponde a un acuerdo estatal encaminado a que el río Santa Catarina reciba formalmente la designación como ANP. Para lograrlo, es necesario un estudio técnico respaldado y la aprobación de CONAGUA.
Es importante mencionar que este acuerdo no supone la suspensión o anulación de construcciones que podrían afectar el área del río, tal como el viaducto elevado planeado sobre la avenida Morones Prieto y el curso del Santa Catarina.
El decreto muestra discrepancias con el marco normativo actual y con las intervenciones que se están llevando a cabo en la zona en estos momentos.
El 8 de junio, domingo, el gobierno de Nuevo León comunicó que el río Santa Catarina había sido designado Área Natural Protegida.
Al lado de Mariana Rodríguez, líder de Amar a Nuevo León; Alfonso Martínez Muñoz, encargado de Medio Ambiente; y Javier Navarro, cabeza del Gobierno; el gobernador Samuel García manifestó que «se debe revisar la historia de Nuevo León y no seguir modelos que afecten este curso, ya que es un área de 700 hectáreas con vitalidad y un pulmón verde de la urbe que debe mantenerse, conservarse, rehabilitarse y resguardarse».
El mandatario también compartió un comunicado en sus perfiles sociales indicando: «desde hoy, EL RÍO NO SE ALTERA. No se permitirán edificaciones ni comercios, y, por supuesto, NADA DE RESIDUOS. A partir de ahora, el río estará supervisado todos los días del año, para protegerlo de cualquier daño. Y si alguien es visto contaminando, RECIBIRÁ UNA SANCIÓN».
Pero en contraste con la postura del gobierno y lo difundido por diversos medios y redes, la organización Un Río en el Río aclaró que el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado no equivale a una declaratoria oficial del río Santa Catarina como Área Natural Protegida (ANP).
Es completamente incorrecto afirmar que el río Santa Catarina fue oficialmente designado como área protegida ayer, ya que el documento publicado en el diario oficial no es una declaración oficial, sino un acuerdo, un compromiso», explicó Andrea Villarreal, activista del grupo Un Río en el Río, en una conferencia de prensa el 9 de junio.
Desde la perspectiva de Un Río en el Río, aunque resulta positivo que la conservación del río Santa Catarina esté presente en la agenda gubernamental, es crucial que se tomen medidas legales coherentes con el resto de planes de movilidad en la entidad.
El decreto del Gobierno de Nuevo León, expuesto en el Periódico Oficial, señala que «el carácter federal del cauce del Río Santa Catarina, reconocido como propiedad nacional en términos de la Ley de Aguas Nacionales, implica la necesidad de establecer mecanismos de coordinación intergubernamental con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para armonizar los fines de conservación ambiental con el marco legal vigente».
Asimismo, el decreto establece que «se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León a que, en el marco de sus atribuciones, inicie de inmediato la coordinación con la Federación para que el Río Santa Catarina sea reconocido como Santuario Biológico y Área Natural Protegida».
Por lo tanto, cualquier intento de declaratoria para el río requiere el aval de CONAGUA. El texto difundido en el Periódico Oficial representa un convenio estatal con la finalidad de lograr que el tramo del río Santa Catarina que atraviesa los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe y Juárez sea designado como Área Natural Protegida bajo la figura de santuario.
Según lo dispone el Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se consideran Áreas Naturales Protegidas aquellas zonas del territorio nacional —o bajo soberanía de la Nación— con escasa alteración humana o cuyos ecosistemas requieren conservación y restauración.
Los santuarios, conforme a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, corresponden a sitios reconocidos por su alta biodiversidad o presencia de especies con distribución limitada.
Para ajustar esta categoría o declararla bajo una nueva forma de protección, la normativa indica que primero se debe llevar a cabo un análisis técnico justificativo», aclaró Andrea Villarreal.
Este estudio se ocupa de analizar las condiciones ecológicas, sociales y culturales del lugar, y a partir de un enfoque científico, determina la figura de protección idónea.
Un antecedente se dio en 2008, cuando se declaró Área Natural Protegida un Parque Urbano o Parque Lineal, cuyo plan de manejo fue publicado en el Periódico Oficial en 2009.
No obstante, ese proyecto no fue aprobado por CONAGUA, porque incluía instalaciones comerciales y privadas, lo cual iba en contra de su función principal: garantizar que el río transporte el agua de forma segura durante la temporada de lluvias.
Dado esto, Un Río en el Río propone designar al río Santa Catarina como un Corredor Biológico Ribereño, una figura que es acorde con las directrices de CONAGUA, porque posibilita su protección como un ecosistema natural en vez de su urbanización.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define de manera explícita:
Artículo 47.- En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
ARTÍCULO 56.- Las autoridades de las entidades federativas tienen la posibilidad de solicitar al Gobierno Federal el reconocimiento de aquellas áreas naturales protegidas que definan de acuerdo con sus normativas, con el objetivo de alinear los regímenes de protección existentes.
ARTÍCULO 57.- Las zonas naturales resguardadas indicadas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, serán creadas mediante una declaración emitida por el Titular del Ejecutivo Federal de acuerdo con esta y otras leyes pertinentes.
ARTÍCULO 58.- Antes de emitir las declaratorias para crear las áreas naturales protegidas mencionadas en el artículo previo, se deberán llevar a cabo los estudios necesarios que las respalden, según lo establecido en este capítulo, y dichos estudios deberán estar disponibles para el público.
Entre las disposiciones del acuerdo se instruye que todas las dependencias y organismos del gobierno estatal actúen de forma conjunta y eficiente en la defensa, recuperación y mantenimiento del cauce del río Santa Catarina.
Esto se dirige a frenar cualquier acto administrativo o convenio que altere el cauce, modifique su flujo hídrico o signifique una amenaza o daño al entorno ecológico, función hidráulica o componentes ambientales del río Santa Catarina.
A pesar de ello, los antecedentes de conflictos ambientales en la gestión de Samuel García cuestionan la credibilidad del compromiso con la defensa del río Santa Catarina.
El grupo Un Río en el Río se cuestiona: ¿De qué manera el gobierno puede designar al río como santuario al mismo tiempo que promueve la edificación de un puente elevado?
Desde Monterrey Antropológico, se indica que «la declaración de ANP necesaria en el hábitat del Río Santa Catarina corresponde al de Corredor Biológico Ripario, un acuerdo que este gobierno firmó en 2023 y aún no ha realizado».
La abogada Carla Escoffié compartió en entrevista con Verificado que existen múltiples desajustes entre lo estipulado legalmente y lo que actualmente sucede en torno al río Santa Catarina.
«Tanto CONAGUA, como SEMARNAT, como el estado de Nuevo León tienen que aclarar esto, porque el río Santa Catarina si es un santuario, solo puede ser utilizado para actividades de investigación y educativas conforme a la ley de Nuevo León. El problema es que si siguen haciendo construcciones, pues entonces ¿cuál es el sentido y efecto de este nombramiento?», cuestiona Escoffié.
La consulta pública relativa al segundo piso de cuota de seis carriles proyectado sobre Morones Prieto y el río Santa Catarina ya concluyó, y actualmente se aguarda la decisión de SEMARNAT sobre su aprobación o rechazo.
Este proyecto ha sido calificado como un segundo piso envuelto en acusaciones de «ecocidio», falta de transparencia y contradicciones en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Desde su planteamiento en 2023, se ha sostenido con argumentos engañosos, como la idea de que no afectará al río Santa Catarina, carece de especies relevantes, y reducirá emisiones y tiempos de traslado.
Aunque el acuerdo del 8 de junio rechaza formalmente iniciativas que puedan dañar el cauce, no representa una cancelación explícita del viaducto.
El colectivo Un Río en el Río sostiene que «reconocer el valor natural del río es un paso necesario, pero no es suficiente. Hacen falta acciones congruentes».
«A pesar de todo este suceso del gobernador declarando este espacio o pretendiendo declarar como Área Natural Protegida, algo que queremos enfatizar es que en todo este tiempo, desde 2023, no ha habido un solo paso para hacer el estudio técnico justificativo, que es el primer paso para cualquier tipo de ANP. Entonces, tanto en lo legal como en el presupuesto, pues si nos queda la duda de cómo pretende avanzar esto», declaró la activista Andrea Villarreal.
La jurista Carla Escoffié está de acuerdo en que «todos los procedimientos administrativos que se autorizaron y que han continuado hasta ahora para la edificación del viaducto no han sido, digamos anulados, permanecen en efecto, no ha habido ningún otro acto que los revoque, interrumpa o altere lo que ya se había progresado para la edificación del viaducto».
Asimismo, es importante señalar que ya están en marcha los trabajos sobre el lecho del río, incluidas las construcciones para la nueva línea del metro, las cuales son consideradas de alta prioridad para el Mundial de Fútbol 2026.
El decreto del gobernador Samuel García también menciona una vigilancia continúa del río Santa Catarina durante todo el día.
No han precisado lo que significan con esa supervisión, tampoco hay claridad legal sobre qué tipo de vigilancia realizarán durante todo el día. Sin embargo, existe el peligro de que se establezca un tipo de política ambiental de control que no solo limite las actividades educativas, recreativas y sociales en el río Santa Catarina –tales como las efectuadas por la organización Un río en el río– sino que también pueda resultar en un proceso de criminalización contra las personas que viven en la calle», afirmó Escoffié.
«Si bien no hay detalles al respecto y habría que esperar a ver a qué se refiere el gobierno estatal y en qué términos va a ser esa supuesta vigilancia de 24 horas, esa generalidad y la poca claridad es justificación para levantar las alarmas o levantar al menos los cuestionamientos acerca de cuáles son los alcances lógicos, objetivos y dinámicas que tendría esa vigilancia», añadió.
Tras el anuncio de resguardar el río, el gobernador Samuel García cambió su mensaje y ahora niega que su gobierno haya impulsado la construcción del viaducto elevado sobre Morones Prieto.
El mandatario expresó recientemente su intención de suspender el proyecto, aunque su justificación está relacionada con los problemas de tráfico que surgirían durante el Mundial de Fútbol 2026 y no por la preservación ambiental del río.
«En caso de que se haya anulado el proyecto del viaducto elevado, es esencial que la Red Estatal de Autopistas notifique formalmente el retiro ante SEMARNAT. De este modo, se previene la asignación innecesaria de tiempo y recursos públicos a la evaluación de una Manifestación de Impacto Ambiental que ya no se ajusta al estado actual del proyecto», contestó Un Río en el Río.
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